En este país el problema de la vivienda está impidiendo el relevo generacional. Las generaciones no se suceden, se amontonan en las casas de los ascendientes. Los procesos vitales han sido secuestrados por la economía. Invierten en viviendas incluso quienes las compran para vivir, aprovechando que los que vienen detrás se verán obligados a independizarse y tener vidas propias. De ahí viene el temor de saber que esas casas perderán su valor si disminuye la dificultad para adquirirlas. Hubo una burbuja inmobiliaria, pero no aprendimos. A los que pudieron comprar en aquel entonces les sobraba el crédito. Los que quieren comprar ahora empiezan a darse cuenta de que el dinero desproporcionado que necesitan, a un interés igualmente desproporcionado, los mantendrá atados a condiciones tales que la vivienda que adquieren jamás va a revalorizarse. Así es el sistema. Así se construye el equilibrio social. Empezamos a descubrir que aquello a lo que realmente teme el llamado capitalismo es a la autosuficiencia. Frente a todo esto, los dos decretos aprobados por el Gobierno son simples torniquetes. Ni siquiera eso, sólo parches bienintencionados y electoralistas. Todos los decretos lo son. Así es la política. Ninguno de ellos aborda la imposibilidad de la juventud de salir de casa de sus padres, agravada por los enormes impuestos que hay que pagar para adquirir una primera vivienda, la falta de vivienda social y, sobre todo, que el pequeño arrendador tenga que cargar sobre sus espaldas con los inquilinos que no pagan, y además costear soberanamente sus facturas de luz, agua y gas. Así es la ley.
Ya resulta imposible iniciar una vida, aunque sea la propia. Quien quiera tener hijos, amigos, libros, y un lugar donde empezar a morir lo tiene crudo. Ni siquiera alquilando podrá aspirar a una existencia, porque habrá alguien que le cobrará de alquiler el sesenta por ciento de lo que gana. O abaratas la vivienda, o doblas los sueldos: son las únicas opciones a la codicia que impera en este país, y ninguna está al alcance de un decreto. Hemos inaugurado una nueva picaresca: la de los poseedores. La presenciamos todos los días, igual que el crepúsculo o Pasapalabra. ¿Hay algún gobierno que limite los intereses bancarios? ¿Que impida que personas jurídicas, es decir, fondos buitre, compren pisos para encarecerlos? ¿Qué imposibilite que las Administraciones estatal, autonómica y municipal se comporten también como fondos buitre?
¿Podría cualquier Gobierno gravar la codicia? La vivienda instaura una nueva guerra civil, esta vez entre los que tienen un techo y los que viven de prestado. Las exigencias de alquilar parecen purgatorios, y las de pagar una hipoteca nos convierten en aquellos enfermos de tuberculosis que iban a Davos a curarse, con la duda de si la vida duraría lo suficiente para saldar la deuda. Podría pasar con el pan, que es también una mercancía de primera necesidad. No pasa porque si no comes te mueres, pero no tener una casa sólo supone una situación infrahumana. La muerte es asumible. El padecimiento de conseguir una vivienda es lo que le da a la vivienda la importancia que tiene. Lo único que escapa a la orgía de derechos que aparentemente disfrutamos es tener un lugar donde vivir, garantizado por la Constitución. Amén. La casa forma parte de lo que somos, y también de lo que podemos llegar a ser. Luchar por ella es la única forma de esclavitud que se parece a la libertad.
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