Aprender contra la ley

Desde 1992 hemos asistido a lo que el PSOE decidió que fuera la educación en España. El otro día, un policía nacional nos mostró, en la Comunidad Valenciana, lo que el PP piensa de los que se manifiestan para sacar del lodo a esa misma educación. La profesora que tiraron al suelo no solo pedía más sueldo, sino menos alumnos por clase y mejores condiciones para educar. Peleaba por sus alumnos, pero es como si los trabajadores de Renault salieran a la calle para pedir a sus ejecutivos que los coches sean mejores de lo que son. Que yo sepa, eso sólo ocurre en el sistema educativo, un sistema que los políticos llevan años desmantelando porque es público y hay que gastar impuestos en él. La educación hace tiempo que no transmite conocimientos. Los profesores ya no van a su trabajo a enseñar matemáticas, lengua o historia. Van para mantener formalmente cohesionada una colectividad donde no hay nada que aporte algo común. Van para perder el tiempo en burocracia inútil. Van para ejercer de guardias jurados, sin la autoridad necesaria para desempeñar esa función. Explicar El Lazarillo hace infelices a los niños. Se prefiere la televisión y las redes sociales, donde el alumno sólo vive situaciones en las que no existe ni una sola dificultad. La política es incapaz de educar, por tanto, tampoco puede calificar. Calificar está prohibido, porque crea desigualdades. El sistema educativo elimina las diferencias que la naturaleza ha establecido entre los alumnos -listos y torpes-, pero no las diferencias económicas. Estas se mantienen en las escuelas concertadas y privadas. En tales escuelas el alumno tampoco aprende, pero está protegido por un muro que lo separa de los que están fuera de ellas. Al menos, los padres se muestran encantados.

El último paso para llegar a esta situación fue la implantación de la llamada evaluación por competencias. Si un alumno sabe decir tres palabras en inglés, y darle al ‘intro’ en el ordenador, aunque pase su jornada educativa acosando a los compañeros, aprobará automáticamente. Si un alumno tira una mesa por la ventana no podrá ser expulsado de clase, porque la política le arroga el derecho a estar escolarizado, aunque impida la escolarización de todo su grupo. Sus profesores han de ocuparse de que tirar mesas por la ventana no sea incompatible con el ímprobo intento de hablar de química o ética. La educación, por tanto, se ha convertido en una formalidad, en un tránsito donde aprobar no significa haber adquirido nada. El profesor ha sido despojado de su libertad de cátedra. Ya no constituye un ejemplo. Tiene que sacrificar el conocimiento general a la atención diversificada; es decir, ha de desatender la formación de la clase en favor de las limitaciones que cada alumno padece, siempre originadas fuera de la escuela. Medicación, no educación.

Lo que pasa en Valencia es el reflejo de lo que la política ha hecho con la exigencia de nivel académico. Aprender se acabó. A partir de ahora, si quieren que sus hijos sepan qué es la teoría cuántica paguen por ello. Sus impuestos no van a permitírselo, pero quizá sus inversiones, o sus herencias, sí. ¿Por qué vamos a consentir que los pobres demuestren que también pueden ser inteligentes? Los políticos hablando de educación deben de ser algo parecido a una conversación de mafiosos en la sauna. Cuando el vapor se disuelva, aparecerá el cadáver del único que tenía razón.

Publicado en el diario HOY el 6 de junio de 2026