El asesinato de Orihuela, donde un menor de 17 años ha matado a puñaladas a su ex novia de 15, porque ésta quería abandonarlo, ya no puede considerarse un asesinato, porque un asesinato requiere que quien lo comete tenga la voluntad de hacerlo, y tampoco se comete, sino que simplemente ocurre. Estos hechos han pasado, ante la ley, a ser hechos no punibles. No tienen consecuencias o, al menos, no las consecuencias que tradicionalmente gravan el quitar la vida a otra persona, no las consecuencias de despojar irreparablemente de derechos a otros, en este caso el derecho a la vida, el más sagrado que existe, a menos que se libre una guerra, porque entonces nada es sagrado.
La izquierda de este país abolió la ética existente, y la acción de la justicia, con la Ley del Menor. El partido que la aprobó ya había invalidado la educación con la LOGSE, es decir, primero exoneró a la juventud de guardar códigos de conducta, y después perdonó el hecho de que no los tuviera. Es decir, la izquierda se perdonó a sí misma. Así que a los niños les ha dado por matar a quienes sea, a padres o a compañeros, sin que haya nadie que les diga no que eso está mal, sino siquiera que hacerlo está prohibido. Sería condenarlos a tener obligaciones, que es algo que, según la pedagogía moderna, es decir, la pedagogía política, coarta la libertad de los que disfrutan de la vida, sin que haya que tener en cuenta la libertad de los que mueren. De hecho, seguir viviendo ha dejado de ser una libertad, y se ha convertido en un privilegio, si caes en la órbita de un niño libre de obligaciones, que lleva una navaja en el bolsillo.
Volvemos al intelectualismo moral de Sócrates: quien comete un delito no es un culpable, ya que ignora la diferencia entre el bien y el mal, o no está al tanto de lo que dice la ley. Volvemos, sobre todo, porque la izquierda y la derecha de este país llevan años haciendo leyes incomprensibles. El bien y el mal dependen de la conveniencia. Las leyes entran en vigor, aunque nadie las comparta, sólo por justificaciones de partido. Los políticos, en busca de libertades que les sirvan de propaganda, siempre obran de buena fe. No puede meterse en la cárcel a un chico de 17 años por matar a una chica de 15. Quizá el chico de 17 años no tiene la madurez suficiente para pensar en lo que ha hecho. No puede pagar por los prontos que tiene. Pero que nadie se preocupe. Al menos, queda una culpable, alguien que paga, librando de pecados al Parlamento, a la política y a la ideología que han creado ese perdón: la víctima, la que muere a cuchilladas. Por lo menos, alguien carga con las culpas de lo que se aprueba y aparece en el BOE. La izquierda y la derecha han convertido a los afectados por cualquier desmán en un grupo de plañideras: pueden condenar los acontecimientos ante las cámaras de televisión, y decretar todos los días de luto que les dé la gana.
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