Hemos oído dos noticias, en los últimos días, que tienen poca, o nula relevancia. Propias de la política que se hace. Una es que van a pedirnos información sobre 41 puntos de nuestra vida privada, si nos alojamos en un hotel, supuestamente para perseguir los delitos de tráfico de personas y terrorismo. La otra es que un comité de expertos, consultado por el Gobierno, recomienda que hasta los seis años los niños no tengan móvil y que, una vez que lo tengan, no puedan acceder a la red con él hasta los trece. Es decir, los pedagogos, los educadores y los enseñantes que al inicio de este silenciamiento que empezó con la revolución tecnológica estaban de acuerdo con ampliar hasta las últimas consecuencias el acceso del educando a la información, ahora dan un paso atrás. Acaban de descubrir, por fin, que el mundo está planteado para eliminar el desarrollo natural de las personas, para convertirlos en consumidores mucho antes de que tengan que serlo. La ley de los 41 puntos, y la recomendación de desposeer a los adolescentes de la única libertad que conocen tienen algo en común: la primera no se promulga con el propósito que realmente se ha declarado, y llevar a cabo la segunda es imposible. 

 Desde el 2000 los servidores están recogiendo información sobre todos nosotros, no sólo para mandarnos publicidad, sino para saber quién va a ganar las próximas elecciones, o qué preocupa a la multitud, para darle productos que mantengan esa preocupación. En cuanto a la conveniente prohibición de los móviles, la medida tendría que implicar a los padres. Muchos de ellos utilizan la tecnología para que sus hijos se entretengan o, siendo sinceros, para librarse de la tabarra que dan. Eso crea niños hiperactivos y con déficit de atención, pero tampoco las instituciones educativas serán capaces de volver al libro de texto. La red ha modificado nuestra forma de aprender y de ser nosotros mismos. Ha modificado hasta el propio tiempo que tenemos. Se ha dicho muchas veces: no se le pueden poner puertas al campo. Los pedagogos y los educadores se dan cuenta demasiado tarde, porque lo que les conviene es transformarse en psicólogos. Prefieren curar las enfermedades originadas por los medios que prevenir sus consecuencias. Un psicólogo es alguien que si te ahogas no te saca del agua, sino que te vende una botella de oxígeno tras otra.

            En cuanto a la ley de los 41 puntos, es algo que se aplicará sólo a los que tienen el suficiente poder adquisitivo para alojarse en hoteles. Hay que presentar DNI, el número de teléfono móvil, correo electrónico, entre otros. Damos, para poder alojarnos, todos los buzones a los que nos pueden enviar publicidad. Ahora, cuando vamos a cualquier centro comercial, a tiendas de tecnología, nos piden una información sin sentido que después venden. Ese tráfico no se regla, ni se persigue. De ahí vienen las llamadas de las operadoras, o de cualquier empresa que es la que ha comprado esos datos. El tráfico de información no se vigila, igual que las pulseras que llevan en el pie los maltratadores. Las leyes dejan mucho que desear, porque no existen medios para que se cumplan. Creo que a alguien se le ha ocurrido, y todos los gobiernos lo aceptan, que la mejor forma de que este país funciones es dejando que la empresa privada haga lo que le dé la gana. Uno se pasa la vida negando, cada mediodía, que quiera cambiar de compañía de teléfonos, o de seguros, aunque le den una televisión para la que tendría que ampliar las dimensiones del comedor.