Con el crimen ocurrido en Badajoz, en el que tres menores de 14, 15 y 17 años asesinaron a una educadora social, y le robaron el móvil y el coche con el que huyeron, comprendemos que la política no sabe qué hacer con lo que ella misma origina. El problema supera todo lo concebible. La ley del menor convirtió a estos adolescentes, educados en el parvulario infernal de las redes sociales, en gente que puede cometer todos los crímenes que les apetezca. Son impunes, no hay ni la más remota posibilidad de un castigo o una reconvención para ellos, lo cual los convierte en gente a la que no se la puede instruir. Pero el problema no se ciñe a esta ley deplorable, sino que los padres tampoco saben qué hacer con ellos. También a los padres se les ha eximido de la potestad, o la función educativa. El padre del menor de 14 años denunció a la madre del de 15, el mismo domingo en que se produjo el hecho fatal, por suministrarles cocaína y heroína. Sé que ya no podemos creer lo que dice la prensa, pero existe una casuística y una sintomatología social que indican que el parentesco ya no funciona en el seno de las familias, y tampoco la autoridad en el seno de las escuelas. Tanto los padres como los profesores temen a sus hijos y a sus alumnos. El origen de esta desconexión social -he de repetirlo una vez más- está en la política, en las leyes que los políticos han implementado contra casi todo el mundo. Las únicas que se salvan en este país de lo que aprueba la política son las clases altas. También ha sido la política la que ha creado un sistema judicial del que se salvan los mismos.

            Las leyes educativas, la ley del menor, la ley sobre la ocupación indebida de las viviendas, para las que hasta las cláusulas de los seguros que se contratan ofrecen indemnizaciones, las leyes -e impuestos- a la hora de comprar y alquilar una casa… Todas crean víctimas, nada más que víctimas ante las que los políticos lo único que hacen es transmitir sus condolencias. Es casi la única función del Parlamento en la actualidad: dar sus condolencias a las víctimas, que no tienen derecho a nada, porque la víctima de un asesinato se aleja inmediatamente, y por desgracia, de cualquier posibilidad de compensación, de desagravio. Lo mismo ocurrió con las víctimas del Covid-19, mientras muchos políticos sacaron tajada del asunto desde el primer momento.

            No existe en esta democracia un sistema de autoevaluación o corrección de los errores que se cometen, ni de los embustes fehacientes que se dicen en el Congreso. No somos capaces de poner límite a lo que la casta política, pues cada vez más la política constituye una casta, hace. Tampoco los resultados en los comicios denotan que haya una reacción ante muchas leyes que han originado desigualdad e injusticia en la sociedad española. Y la cuestión más importante no es esta. Resulta que tampoco la representación parlamentaria permite llevar a cabo lo que la sociedad vota. ¿Alguien da más? El ciudadano se ha convertido en un ser desamparado. El español, de hecho, sólo puede expresarse a través de memes, o en las murgas del carnaval, o en las figuras grotescas de las fallas. O en el fútbol, donde gana el que lo merece, o eso supone el hooligan que paga 500 euros por ver un partido. Tenemos, porque quizá la merezcamos, una política para hooligans. Ahora bien, cuando pagamos la entrada del partido no vamos a ver el triunfo de nuestro equipo. Vamos a ver únicamente lesiones. Las de padres y madres asesinados, las de educadoras sociales asesinadas después de denunciar a los que supuestamente educa, las de médicos agredidos, las de profesores llevados al estrés y a la depresión por alumnos, padres y la desautorización a que los someten las leyes. Etc.